Las presiones que recibió en su casa durante el fin de semana el juez de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Ricardo Lorenzetti, encendieron las alarmas sobre la creciente tensión política que hay en un país polarizado y en donde los sectores más radicalizados amenazan cada vez más a los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El sábado, caravanas de autos se apostaron afuera de la casa de Lorenzetti, ubicada en la provincia de Santa Fe, a 395 al norte de Buenos Aires. Los manifestantes agitaron banderas argentinas, tocaron bocinas y mostraron carteles en los que le exigían «dejar de violar la Constitución» y «luchar contra la impunidad», además de denostar al gobierno del presidente Alberto Fernández.
Este tipo de movilizaciones, conocidas en Argentina como «escraches», surgieron para repudiar en sus domicilios a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983) cuando todavía gozaban de total impunidad.
Sin embargo, los ‘escraches’ ahora se han distorsionado para convertirse en un mecanismo de presión en contra de líderes públicos que ocupan cargos en un sistema democrático.
En el caso de Lorenzetti, por ejemplo, las personas que fueron a amedrentarlo a su casa le demandaron que vote en contra de la remoción de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, tres jueces que fueron designados por decreto del expresidente Mauricio Macri para ocupar cargos vacantes en la Cámara Federal (una instancia judicial superior).
Sin embargo, a mediados de septiembre el Senado rechazó los traslados de esos jueces y acordó que vuelvan a sus tribunales de origen, decisión que fue validada por la Cámara de Casación. Ahora, la última palabra la tiene la Corte Suprema.
Como en Argentina todo se mide con la vara de la disputa política, el oficialismo aseguró que el traslado de esos jueces había sido irregular e improcedente, mientras que la oposición advirtió que el Senado rechazó de manera inconstitucional los nombramientos solo para garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que algunos de esos magistrados estaban a cargo de causas en su contra.
«Propio del fascismo y nazismo»
En ese clima de tensión discursiva fue que los reclamos llegaron a las puertas de Lorenzetti, pero marcaron un límite, ya que el ‘escrache’ a un juez de la Corte Suprema fue repudiado tanto por el gobierno como por la oposición.
El presidente Alberto Fernández y el expresidente Mauricio Macri encabezaron los mensajes de apoyo a Lorenzetti y coincidieron en que este tipo de manifestaciones afectan a la democracia y a la República.
«Llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso es el más vil de los escraches, propio del fascismo y del nazismo», advirtió Fernández, quien aprovechó para criticar otros hechos recientes que consideró como preocupantes.
Fuente: rt
